El kirchnerismo postergó el debate de la Ley de Alquileres en el Senado previsto para esta semana

La discusión por la modificación de la Ley de Alquileres en el Senado de la Nación prevista para esta semana fue suspendida y prorrogada para los últimos días de septiembre.

Según confiaron desde el bloque del Frente de Todos , la decisión se tomó luego de que se comunicara que hay dos senadores del oficialismo que tienen problemas de salud y, en consecuencia, no podrían asistir al recinto.

“La decisión es postergar todo una semana porque los números son muy finos. Juntos por el Cambio no apoya, entonces necesitamos tener presentes a todos los nuestros”, explicó una alta fuente del bloque kirchnerista.

El Frente de Todos contaría con el apoyo de varios de los senadores que tienen bloques personales y con casi la totalidad de Unidad Federal para alcanzar los 37 legisladores necesarios para habilitar el quórum. Sin embargo, con dos ausencias propias ese número se desvanece.

Hasta la última reunión de comisión todo hacía suponer que el interbloque del Frente de Todos, que está conformado por 31 miembros, sumará a Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega, todos senadores que tienen un monobloque. Pero lo más importante es que también tendrá de su lado a los cuatro peronistas disidentes que conforman el bloque Unidad Federal. Si eso sucede, no sería necesaria la presencia de Juntos por el Cambio para iniciar la sesión, ya que alcanzan las 38 bancas.

El proyecto que el oficialismo busca aprobar propone mantener los contratos por tres años, actualizar los alquileres cada seis meses, eliminar los adelantos de alquileres y que el índice para actualizar el contrato de locación sea el coeficiente Casa Propia que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y que tiene en cuenta el menor índice entre el promedio de variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

Por el lado de Juntos por el Cambio, se mantiene el dictamen de Diputados aprobado el miércoles 23 de agosto: reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, abre la posibilidad de actualización cada cuatro meses como mínimo y permite que las partes fijen índices de actualización.

El otro tema que llevarán al recinto, ahora postergado para el miércoles 28 de septiembre, es el proyecto de ley para regular el negocio de los alquileres temporarios. En este caso, el kirchnerismo y el radicalismo, o por lo menos una parte, se pusieron de acuerdo y van a impulsar la iniciativa. El PRO ya avisó que no va a acompañar y aún resta saber qué va a hacer el resto del bloque de la UCR.

Además de estos dos temas, que generarán una fuerte discusión en el recinto, el Frente de Todos también tiene previsto insistir con los pliegos de la Justicia que ya cuentan con dictamen positivo. En total hay 75 pliegos listos. Allí está incluído el de la jueza Ana María Figueroa, magistrada que buscaba continuar cinco años más en su cargo, pero que la Corte Suprema de Justicia jubiló.

“Se podría tratar, pero ya es irrelevante. Luego del fallo de la Corte no interesa”, explicó una fuente del oficialismo. “Pero vamos a avanzar con el resto de los pliegos. Ellos -por Juntos por el Cambio- dicen que no quieren tratarlos porque es el kirchnerismo colonizando la Justicia, pero hay pliegos que vienen de su lado, otros que piden los gobernadores, hay de todo”, agregó.

Entre los proyectos que quedaron pendientes -y con media sanción- está el de creación de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz y el de procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. El pasado 12 de abril, cuando se frustró el último intento por sesionar, entidades que impulsan estas leyes estuvieron en los balcones del recinto.

Pero, además de las que estaban listas y en el casillero de pendientes, ahora se sumó otro grupo que ya cuenta con media sanción y tienen dictamen de comisión. Por ejemplo, la incorporación de la violencia digital a la Ley de Protección Integral a las Mujeres y Registro Nacional de Deudores Alimentarios, entre otros.